Colombia
El análisis destaca el impacto de los determinantes sociales en la incidencia de enfermedades, así como la necesidad de respuestas multisectoriales para abordar malnutrición, inseguridad alimentaria y problemas de salud mental.
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Por: Juan Manuel Arias Montenegro
Creativo Digital
El último Informe Anual en Salud Pública 2025 publicado por el observatorio Así Vamos en Salud, presentó un análisis detallado de las condiciones sanitarias en el país, con énfasis en la perspectiva territorial, social y sustentada en datos verificables.
El documento reunió información sistematizada sobre los principales desafíos de salud que afectan a la población, e identifica zonas y grupos en situación de vulnerabilidad.
El informe destacó la importancia de la perspectiva territorial para entender diferencias y necesidades específicas de cada región.
Según el relevamiento, existen notorias brechas en los indicadores de salud entre jurisdicciones, principalmente en acceso a servicios, recursos humanos y equipamiento sanitario, por lo que las provincias con menor densidad poblacional presentan mayores dificultades en la cobertura de atención primaria y en la respuesta a emergencias.
Las áreas rurales y periurbanas experimentan barreras geográficas y limitaciones logísticas, lo que impacta negativamente en la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades.
Incluso, el informe subrayó que la desigualdad territorial se traduce en un acceso desigual a la información y a intervenciones de salud pública.
El documento resaltó el vínculo entre determinantes sociales y los resultados en salud, pues factores como nivel socioeconómico, escolaridad, empleo y condiciones de vivienda tienen impacto directo en la incidencia de enfermedades y en la esperanza de vida.
Por otro lado, los sectores con mayor vulnerabilidad social presentan prevalencia más alta de enfermedades crónicas, infecciosas y problemas de salud mental.
La pobreza, la falta de infraestructura básica y la exclusión social profundizan la exposición a riesgos sanitarios, como la malnutrición, el acceso limitado al agua potable y la inseguridad alimentaria, razón por la que el informe enfatizó la necesidad de políticas multisectoriales que aborden estos determinantes para reducir las desigualdades.
El informe remarcó la importancia de basar las políticas públicas en evidencia científica. La recopilación y el análisis sistemático de indicadores permiten identificar tendencias, evaluar intervenciones y asignar recursos con criterios de equidad y eficiencia.
Se han incorporado herramientas de vigilancia epidemiológica y sistemas de información que mejoran la capacidad de respuesta ante emergencias, como brotes de enfermedades infecciosas o eventos climáticos extremos.
Por lo tanto, el reporte señaló la necesidad de fortalecer los sistemas de datos, integrando información de distintas fuentes para mejorar la planificación y la implementación de políticas.
Entre los principales indicadores, el informe refleja una disminución leve en la mortalidad infantil a nivel nacional, aunque persisten diferencias entre regiones.
Se registran avances en la cobertura de inmunizaciones, pero también se reportan desafíos frente al aumento de enfermedades respiratorias y problemas de salud mental en niños y adolescentes.
Por otro lado, el impacto de la crisis socioeconómica marcó un incremento en las consultas por trastornos de ansiedad, depresión y consumo problemático de sustancias; además, se observa una mayor demanda de servicios de salud mental en áreas urbanas y periurbanas, asociada a factores como desempleo, violencia y condiciones habitacionales deficitarias.
Ante tal escenario, el informe propone reforzar el acceso a la atención primaria, ampliar los programas de prevención y promoción de estilos de vida saludables, y mejorar la articulación entre distintos niveles de gobierno, por lo que se plantea la formación y retención de recursos humanos en salud, especialmente en zonas rurales y de frontera.
El documento advirtió sobre los desafíos que representan las nuevas enfermedades emergentes y reemergentes, el envejecimiento poblacional y el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles y recomienda fortalecer la investigación, la innovación y la cooperación internacional.
Finalmente, el informe subrayó el valor de la participación de la sociedad en las políticas de salud pública, dado que el involucramiento de comunidades y organizaciones sociales facilita la identificación de prioridades, la comunicación de riesgos y la adaptación de las intervenciones a los contextos locales.
El Informe Anual de Salud Pública 2025 concluyó que la superación de las desigualdades en salud requiere una visión integral, territorial y social, sustentada en evidencia, y con una estrategia orientada a la equidad y la justicia sanitaria.
