Colombia
El Observatorio Financiero advirtió que la insuficiencia en la apropiación presupuestal ya genera retrasos en pagos y limita el alcance de la cobertura de servicios indispensables en el país.
Publicado:
Por: Juan Manuel Arias Montenegro
Creativo Digital
El sector salud en 2025 mantiene el mismo panorama adverso que han enfrentado los últimos ciclos fiscales: la desfinanciación del presupuesto máximo y la falta de apropiación presupuestal adecuada ponen en jaque el pago oportuno de obligaciones.
De acuerdo con el Boletín del Observatorio Financiero, la diferencia entre el presupuesto reconocido y el realmente apropiado ha persistido en las tres últimas vigencias, provocando atrasos en los pagos a las entidades promotoras de salud (EPS) y una presión creciente sobre los recursos disponibles.
Durante 2024, el presupuesto máximo reconocido superó los 4 billones de pesos, pero solo se apropiaron 3.1 billones, lo que mantuvo una brecha sin cerrar y generó retrasos en la liquidación de recursos.
Para 2025, con corte a julio, la apropiación es de 2.1 billones de pesos para giro, cifra que representa apenas la mitad de lo requerido para cubrir las necesidades anuales del sistema según las estimaciones de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
“Entre el 50 y 55% de los recursos que requiere el presupuesto de la Adres para cubrir la vigencia 2025 aún no está garantizado”, de acuerdo con el análisis del Observatorio.
La expectativa es que el presupuesto máximo para la vigencia oscile entre 4.4 y 4.6 billones de pesos, pero a mitad de año ya se evidenciaba que “no se ha reconocido y girado los recursos que corresponden ser girados a julio, que estarían en el orden de los 2,2 billones de pesos”.
Este desbalance afecta directamente la liquidez de las EPS, encargadas de financiar medicamentos, servicios complementarios y tecnologías en salud que no están cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
El propio Observatorio señaló que “la falta de apropiación presupuestal pone en riesgo el goce efectivo del derecho a la salud de los afiliados al Sgsss”.
La desfinanciación, además, se refleja en la incapacidad para satisfacer a tiempo obligaciones corrientes, en especial para áreas consideradas críticas como los servicios complementarios y el servicio de cuidador.
El mecanismo de presupuesto máximo, creado inicialmente para contener el gasto y anticipar recursos a las EPS, ha perdido eficacia frente a la insuficiencia de los fondos disponibles y la demora en su reconocimiento o giro.
Al respecto, el observatorio indicó: El mecanismo se ha caracterizado por la ausencia de suficiente disponibilidad presupuestal para su financiación.
Los reajustes administrativos y las adiciones presupuestales en medio de la vigencia no logran solventar el desfase entre las obligaciones reconocidas y los recursos efectivamente apropiados.
La economía del cuidado y las políticas públicas asociadas dependen de una asignación estable y suficiente de recursos.
La política nacional de cuidado, formalizada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y en el reciente Conpes emitido en febrero de 2025, aboga por reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidado, en especial aquel no remunerado asumido mayoritariamente por mujeres, pero dichas acciones requieren una estructura intersectorial, recursos cuantiosos y sostenibilidad fiscal en el tiempo.
Los planes de acción proyectan un costo indicativo total de 25.6 billones de pesos en diez años, con responsabilidades para al menos 35 entidades nacionales, incluidos ministerios y agencias sectoriales.
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social concentra la mayor asignación presupuestal, seguido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y el Ministerio de Igualdad y Equidad.
Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) ilustran la magnitud del desafío: en 2022-2023, 32.458 millones de horas anuales se dedicaron al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, de las cuales el 85,1% corresponde a mujeres.
“El tiempo de dedicación por parte de las mujeres al cuidado implica la reducción de tiempo en actividades que podrían generar ingresos o protección social”, se lee en el boletín.
Expertos y fuentes institucionales coinciden en que la disponibilidad de recursos es vital para determinar el alcance de la política nacional de economía del cuidado.
La dispersión o insuficiencia fiscal puede comprometer tanto la cobertura de los servicios como la efectividad de políticas orientadas al bienestar social.
Por tal motivo, el informe recomendó explorar otras fuentes de financiación más allá de los fondos de salud y fortalecer la participación intersectorial y la corresponsabilidad estatal.
“Reconocer, redistribuir y financiar adecuadamente el cuidado es una inversión en bienestar, equidad y productividad”, concluyó el Observatorio en su boletín.
